La DGT tendrá que devolver los puntos detraídos cuando Hacienda anule una multa

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La DGT tendrá que devolver los puntos detraídos cuando Hacienda anule una multa

La sentencia supone un importante precedente jurídico y la AEA ha anunciado que a partir de ahora, si una multa no está bien notificada, no solo hay que anular la parte económica de la sanción, sino también la detracción de puntos

La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha anunciado que la Dirección General de Tráfico (DGT) debe devolver los puntos detraídos del carné de conducir a los conductores cuando una multa que conlleva una pérdida de puntos sea anulada por Hacienda. 

Esto se debe a una reciente sentencia del Juzgado de los Contencioso Administrativo número 2 de Burgos, que condena a la DGT a devolver los puntos retirados a un camionero al que previamente el Tribunal Económico-Administrativo regional de Castilla y León había anulado la parte económica de las sanciones que le habían impuesto.

La sentencia argumenta que si un órgano del Estado ha considerado que la notificación realizada en un expediente no estaba correctamente hecha y que, por tanto, ello afectaba a la propia ejecutividad de la sanción, no pueden llevar recorridos distintos, pues la resolución sancionadora es única y no podría entenderse no notificada para una cosa y sí para la otra. Por lo tanto, la DGT no puede mantener la retirada de los puntos si Hacienda anula la parte económica de una multa.

Desde la implementación en 2006 del permiso de conducir por puntos, la DGT se ha negado a devolver los puntos "indebidamente detraídos" por multas mal tramitadas y anuladas por Hacienda. La AEA ha lamentado que esto haya provocado daños irreparables a miles de conductores españoles. 

La sentencia supone un importante precedente jurídico y la AEA ha anunciado que a partir de ahora, si una multa no está bien notificada, no solo hay que anular la parte económica de la sanción, sino también la detracción de puntos. Según sus datos, en diciembre la DGT anuló en torno a 1,5 millones de expedientes sancionadores en España por valor de 106 millones de euros, muchos de los cuales podrían quedar afectados por la reciente resolución judicial.

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